78 años de renovación
(A limpiar las elecciones)

Por: Felipe Moreno

Durante los últimos años la fuerza que ha motivado a la " transformación " de los principales conceptos en materia jurídico - electoral ha sido la perfección de nuestro sistema político electoral. No obstante la adopción de medidas apropiadas, éstas han dado muestras de nulos resultados y limitados alcances. La prueba palpable es, que en pleno umbral del siglo XXI, se sigue cuestionando la credibilidad de nuestros procesos electorales, ante la infructuosa búsqueda de fórmulas que perfeccionen nuestra democracia política. En consecuencia, " los golpes " al sistema político de México, derivados del deficiente sistema electoral, siguen siendo el " pan " de todos los días.

En los últimos 78 años nuestro país ha llevado a cabo una constante renovación de sus mecanismos político - electorales, apoyándose más en la cultura, la experiencia y la manifestación de las fuerzas políticas del país. Es decir, en la mayoría de los casos se ha partido del principio de " Peter ", - ensayo error - , donde los errores han sido fundamentales en la conformación de nuestro sistema electoral.

A diferencia de lo que pudieran pensar o decir los partidos de oposición, sobre todo de izquierda, los sistemas electorales de cualquier país no pueden ser una copia o adopción de modelos ajenos. En el nuestro, después de agudos conflictos sociales, aún en los mismos momentos de cambios de poderes - debido a la ausencia de instituciones electorales confiables y partidos efectivos -, se ha logrado establecer un sistema electoral que, además de impulsar la representación popular, también ha perseguido la constante y progresiva pulcritud del sufragio universal y, sobre todo, garantizar la vigencia de las prerrogativas de los partidos políticos, así como una constante atención al incremento de los electores inscritos en un padrón electoral que, hoy por hoy, deberá ser más confiable pues se encuentra sustentado con una nueva credencial con fotografía.

En nuestro sistema, todavía republicano, la legitimidad de las instituciones y los mandos públicos están apoyados por la soberanía popular, donde la organización y ejecución de los procesos electorales constituyen indicadores básicos para determinar el grado de influencia real de la ciudadanía en la configuración de un gobierno. Un breve examen de nuestra legislación electoral puede mostrar el nivel democrático alcanzado por nuestras instituciones políticas, respecto de sus constantes mutaciones sociales.

Cambios y adiciones

Desde la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra Carta Magna se ha permeado de los cambios del momento, ha sufrido adiciones y modificaciones electorales que han ampliado el marco democrático y político de participación ciudadana en sus procesos electorales y en los cargos de elección popular.

En pleno 1917, Don Venustiano Carranza impulsa una Ley Electoral para la elección directa del Presidente de la República, mediante el sistema de mayoría absoluta y, un año más tarde, promueve la Ley para la Elección de Poderes Federales, reinstalando el voto secreto y el sistema de mayoría relativa.

En años subsecuentes, el sistema electoral continúa sufriendo modificaciones. Adolfo de la Huerta define, en 1920, los procedimientos para las elecciones federales en turno, y Álvaro Obregón precisa, en 1921, los casos de nulidad en elecciones de diputados y senadores.

Diez años se mantendrían inmutables estos principios, hasta que el General Pascual Ortiz Rubio reforma, en 1931, los procedimientos para delimitar los distritos electorales.

A partir de las reformas de Obregón y Ortiz Rubio, las modificaciones electorales serían menos esporádicas. Manuel Ávila Camacho, " el último " de los presidentes militares, impulsaría cambios fundamentales que irían más allá de una simple delimitación distrital, propuesta 1942.

En 1943 y 1946, respectivamente, precisaría funciones del padrón electoral, ampliaría la base demográfica para la erección de distritos electorales y fortalecería el concepto de partidos nacionales y su obligación de registro. En este mismo período constitucional se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, quizá motivada por los sucesos provocados en la contienda contra Almazán.

Con Miguel Alemán, nuevamente se dan cambios, - la ley de 1949, en la que se fortalecen las facultades del Consejo del Padrón Electoral creado en 1946 -, surgiendo así el carácter de Ley Federal. Al mismo tiempo se instaura la Comisión Federal Electoral y el Registro Nacional de Electores.

La legislación electoral continúa transformándose. Una de sus reformas más importantes, que incluso ha sido motivo de referencia en los últimos años, ocurre en 1954, cuando Adolfo Ruiz Cortines decide instaurar el voto universal mediante la incorporación de los derechos ciudadanos de la mujer. A partir de dicho sexenio, las modificaciones a la legislación electoral serían más dinámicas y menos esporádicas. Adolfo López Mateos introduce un sistema electoral mixto, mediante diputados federales de partido y prerrogativas a los partidos políticos. También instaura la credencial permanente de elector.

El sistema electoral seguiría transformándose con Gustavo Díaz Ordaz, quien luego del 2 de octubre de 1968, decide incorporar a los jóvenes de 18 años a los derechos ciudadanos. Tres años más tarde, en pleno echeverrismo, se reduce la edad para candidatos a cargos de elección popular, de lo cual puede dar cuenta el reivindicado sonorense Carlos Armando Biebrich y otros más que, como Pedro Joaquín Coldwell, Silvia Hernández, Beatriz Paredes, entre otros, llegaron a las Cámaras Federales a muy temprana edad.

El gran parteaguas electoral lo marcaría el paso de José López Portillo por la presidencia de la República, quien apoyándose en Jesús Reyes Heroles impulsaría una de las reformas más ambiciosas en materia jurídico - electoral. Con el veracruzano en gobernación, se amplía el registro a nuevos partidos políticos, se instaura el sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y en los municipios más poblados. A estas reformas propuestas en 1977 se sumarían otras en 1982. Casi a la salida de José López Portillo, se extendería el principio de representación proporcional a todos los ayuntamientos del país.

Imperfecciones.

No obstante este cúmulo de modificaciones, nuestro sistema electoral seguía padeciendo por sus defectos y errores. Apoyado en los principios que postula el artículo 3º Constitucional, " donde la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural ", Miguel de la Madrid envía a la Cámara de Diputados, el 3 de noviembre de 1986, un paquete de reformas que pretenden trascender los meros aspectos jurídicos y político - partidistas de un calendario electoral. Por primera vez se envía a los legisladores un proyecto que no es, de meros propósitos electoreros. En este sentido se discutieron las propuestas de reforma electoral delamadridista, cuyo propósito era impulsar la renovación que la realidad política, económica y social reclamada.

El proyecto incluía la participación popular en las urnas y responsabilizar conjuntamente a la sociedad, a los partidos políticos y al gobierno en la legalidad y la limpieza de los comicios. Así también apuntalar nuevas formas en el quehacer político que permitieran una mayor atención ciudadana hacia los diversos aspectos de la convivencia social.

Según la propuesta de Miguel de la Madrid, se debía " consolidar un nuevo estilo de relación entre gobernantes y gobernados basado en la comunicación y la consulta permanente; nuevas actitudes de los partidos políticos, de las asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones campesinas y populares; para representar mejor los intereses sociales, articular sus demandas y orientar eficazmente su acción constructiva ".

El proyecto de Miguel de la Madrid suprime la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del lópezportillismo, proponiendo un nuevo texto jurídico que incluyó varias innovaciones. Entre éstas destacan: A).La derogación del procedimiento para la obtención de registro para los partidos políticos condicionada a la votación; B).Modificación de la integración y funcionamiento de los organismos electorales: C). Cambio de la fecha de la jornada electoral del domingo al miércoles, declarado día no laborable D).Modificación de los procedimientos de cómputo, acortando considerablemente los periodos entre el día de la elección y el de la publicación de los resultados: E). Uso de una sola boleta para diputados de mayoría y de representación proporcional: F). Ampliación de las garantías de los partidos políticos y candidatos durante todas las etapas del proceso electoral: G). Ampliación de las prerrogativas de los partidos y el establecimiento de un sistema de financiamiento público para sus actividades: H). Creación de un tribunal de lo contencioso electoral, dotado de autonomía e imparcialidad para conocer y reparar toda irregularidad en las elecciones: I). Incremento del número diputados uninominales a doscientos, así como el acceso del partido mayoritario al reparto de estas posiciones, siempre y cuando no llegara a superar las 350 curules de un total de 500, cifra que por cierto nunca se alcanzó debido a la debacle priísta de 1988: J). Renovación por mitad de la Cámara de Senadores cada tres años, medida que había sido derogada durante los años del cardenismo y las modificaciones a los artículos 65, 66 y 69 constitucionales, que instituyen dos periodos de sesiones del Congreso de la Unión y la reducción a un sólo mes entre el último informe de gobierno y la toma de posesión de un presidente electo, este último a partir de 1994.

Las reforma delamadridistas pronto demostraron ser el fracaso más grande en materia jurídico electoral. Debido a ellas el PRI estuvo a punto de perder la Presidencia de la República en 1988. El principal motivo no fueron los resultados electorales, el problema fue que los entonces integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en San Lázaro en la LIII legislatura, no previeron una sobre representación en la Cámara de Diputados por parte de los partidos de oposición, con el correspondiente riesgo de no ver instalada la LIV legislatura y por lo mismo, la no calificación del dictamen presidencial para el sexenio 88-94. El nuevo estilo de relación entre gobernantes y gobernados, planteado en la reforma de Miguel de la Madrid, fracasó y tuvo que ser modificado en la siguiente legislatura, con los riesgos y componendas políticas entre el PRI y Acción Nacional, que hoy todo mundo conoce como “la era de las grandes concertacesiones”.

 Nuevo Cofipe.

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el 12 de julio de 1990, el " matrimonio " PRI - PAN, que había dado la reforma electoral de 1989, concretaba sus acciones en un nuevo Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, - Cofipe - y establecía: a) el fin al corporativismo; b).Mayoría hasta 301 diputados en el caso que un partido acumule el 60 por ciento de la votación nacional; c). Sustitución de la Comisión Federal Electoral por un Consejo General del Instituto Federal Electoral, que seguiría siendo presidido por el titular de la secretaría de Gobernación; d). Elección de Consejeros y Magistrados por la Cámara de Diputados y Senadores, nombramientos que podrán ser impugnables; e).- resultado inmediato de los comicios con apoyo de sistemas electrónicos; f). En los seis años anteriores a su nombramiento los consejeros no deben haber ocupado ningún cargo de elección popular; g).- Los muertos no deberán volver a votar, el padrón electoral deberá ser sustituido por un registro nacional ciudadano; h). Los partidos políticos podrán vigilar los procesos mediante una terminal de computadora instalada en sus sedes; i).- Se garantizará el respeto a los representantes de los partidos en las casillas y, como se expusiera en el “punto de acuerdo PRI - PAN ", el diálogo, la concertación, la integración de estos órganos por ciudadanos con solvencia moral, la inclusión de las sanciones penales por fraudes electorales y la credencial de elector con fotografía, entre otras modalidades.

Así, en menos de tres años a las modificaciones anteriores se sumarían otras

En este contexto de cambio vertiginosos se hablaría en mayo de 1993 de: financiamiento a partidos, montos económicos para campañas de proselitismo político, organismos electorales, tiempos y espacios en medios de comunicación y reforma política para el Distrito Federal.

Hoy, los tiempos políticos reclaman otra serie de reformas, más profundas y que garanticen la legalidad de los comicios. Por lo mismo, se hablara siempre de eliminar el voto de los partidos en el IFE; dar una mayor participación a los consejeros ciudadanos; modificar el artículo 41 Constitucional; que las decisiones del IFE recaigan en seis votos de los consejeros ciudadanos, cuatro del poder legislativo y uno del poder ejecutivo, - que sería el del presidente del Consejo General del IFE - , los cuales sumarían un total de 11 votos. El equilibrio de dichas instancias electorales quedarían de la siguiente manera: por las Cámaras se destinaría a dos legisladores que representarían a los partidos de la mayoría y la primera minoría. En el caso de los nueve partidos con registro definitivoy condicionado participarían en el IFE con voz, pero sin voto; y, en el caso del presidente del IFE, quien anteriormente tenía un voto de calidad, desaparece esa calidad para quedar como un voto " normal ".

La reforma electoral del 94, aprobada en una apretada agenda, contiene otros aspectos relevantes: desaparece la figura del consejero magistrado, que debía ser abogado de profesión, y se impone la de consejero ciudadano apartidista, de reconocida honorabilidad.

Asimismo, los consejeros ciudadanos deberán contar con el voto de las dos terceras partes de las cámaras. También se habla de reformas al Cofipe en materia de órganos electorales; auditoría al padrón electoral; prevención de delitos electorales el mismo día de la elección y utilización de boletas foliadas en los comicios.

El objetivo planteado es muy claro, no se trata de llevar a cabo en estos momentos grandes cambios en materia electoral; lo fundamental es garantizar una elección limpia y fuera de dudas donde, por ejemplo, las tesis camachistas del 11 de marzo de 1993 de: " si después de mi labor en Chiapas mis servicios son necesarios para la transición democrática ", bien podrían ser aplicadas en la presidencia federal del IFE. A donde finalmente llegó un personaje “apartidista”, que anteriormente estuvo identificado con las principales corrientes de la izquierda mexicana.

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