Introducción a la Educación Pública de México
"Uno de los antecedentes más importantes para fundamentar
la presente obra, fue el libro La Educación Pública en México
a Través de los Mensajes Presidenciales. prologado por el doctor J.M.
Puig Casauranc, Secretario de Educación Pública en 1926, bajo
la presidencia del señor general Plutarco Elías Calles. Según
nota preliminar puesta en aquella ocasión, la idea original de una
historia de la Educación Pública en México, a través
de los mensajes presidenciales, debe
acreditarse al ilustre maestro don Alberto Correa, Director General de Enseñanza
Normal durante la gestión ministerial de don Justo Sierra, y preceptor
del doctor Puig Casauranc. Fue el profesor Correa quien reunió los
primeros materiales para esta obra y quien los puso en manos del doctor Puig,
años antes de que éste fuera Ministro de Educación. Por
aquella época, el señor Puig ya se había destacado como
un estudioso de la historia de la Educación en México, y fue
por eso que el maestro Correa le encomendó la preparación de
un bosquejo histórico que sirviera de introducción al proyectado
libro.
El esbozo hecho entonces por el joven Puig sirvió de base, años
más tarde, al prólogo que estamos glosando. Hace notar el doctor
Puig, la penosa lentitud de los primeros pasos de la obra educativa del gobierno;
la constante contradicción entre un propósito justo y la penuria
de los medios disponibles para ponerlo en marcha. De un modo sorprendente,
las instituciones educativas fueron surgiendo, a través de la vida
política de México, gracias al entusiasmo inagotable de varias
generaciones de estadistas y maestros, así como el apoyo de numerosos
ciudadanos, movidos todos por la convicción de que la educación
de la juventud era la mejor garantía del progreso de la Nación.
Leyendo los mensajes presidenciales de los primeros cincuenta años
de México como Nación independiente, se asiste a un dramático
diálogo entre lo que se quiere y lo que se puede, al plantearse los
mismos objetivos una y otra vez, hasta desbrozar el camino y hacer posible
lo que antes parecía inalcanzable.
Pueden señalarse algunos jalones importantes en aquel avance gradual;
notables en cuanto se comparan con la inercia que los precedió, pero
insignificantes si se confrontan con posteriores logros más felices.
Como es natural, la marcha ascendente de las instituciones educativas mantiene
un paralelismo constante con el progreso económico y político
del país, hecha la excepción de algunas lagunas explicables
por circunstancias particularmente adversas. Las reformas liberales de 1833
y de 1859, la restauración de la República en 1867, los congresos
pedagógicos de 1882 y 1889, la fundación de la Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1904, el Congreso Nacional
de Educación Primaria en 1910 y el intenso esfuerzo renovador de los
gobiernos emanados de la Revolución, marcan los avances de la obra
educativa del gobierno nacional y definen la fisonomía peculiar del
plan educativo de la Nación mexicana; todo lo cual, dicho con absoluta
exactitud y bella expresión, es el contenido histórico político
del Artículo 3º Constitucional, vigente.
La primera edición de este libro contempla el proceso de integración
del sistema educativo nacional hasta el año de 1926, esto es, el año
que dicha edición vio la luz pública; pero de esto han pasado
ya cerca de cincuenta años, los más fecundos, quizá,
en creaciones educativas y los que han impreso al plan educativo nacional
su fisonomía peculiar, su vigorosa naturaleza de instrumento eficiente
del progreso de la Nación mexicana. Precisamente por tratarse de un
libro muy útil, la necesidad de ponerlo al día resulta inaplazable;
agregando, desde luego, los mensajes posteriores a la administración
del general Calles y del doctor Puig; pero introduciendo también algunas
modificaciones en los apéndices, a fin de dar lugar a la inserción
de materiales que se omitieron en la primera edición y que tienen una
importancia decisiva en la actual configuración del sistema educativo
nacional.
Para tales fines, hemos preparado esta nueva edición corregida y aumentada.
Nos creemos, naturalmente, en el deber de actualizar el juicio crítico
expresado por el doctor Puig, analizando de nuevo los mensajes presidenciales
de la primera época; concatenando este análisis .con el que
haremos del periodo que se agrega; y muy especialmente, exponiendo el pensamiento
educativo del señor Presidente, licenciado Luis Echeverría Álvarez,
y las realizaciones logradas durante su gobierno. La política educativa
de México, en este periodo gubernamental, no es ajena a las determinaciones
de la historia; refleja, como es natural, la tradición educativa de
México y el sentido liberal progresista, que le fue impreso hace más
de cien años por la brillante generación que conocemos con el
nombre glorioso de hombres de la Reforma.
El signo rector de la educación pública en México, a
través de los mensajes presidenciales, fue liberal y progresista desde
la primera época de nuestra existencia como Nación; lo fue,
desde luego, entre los gobernantes liberales, pero también entre algunos
presidentes conservadores, atrapados quizá por los ideales de la Ilustración,
entonces incontrastables. La América independiente del Siglo XIX, sobre
todo la que hablaba en español, pensaba en Rousseau y en Montesquieu
cuando ya la vieja Europa se disponía a olvidarlos; el Espíritu
de las Leyes y el Contrato Social, eran sus libros predilectos, orientaban
su pensamiento político y robustecían su fe en el poder redentor
de la ciencia y de las letras. Era natural. ¿Cómo sustraerse
a la seducción de tales medios teniendo a la vista el ejemplo de las
naciones más poderosas de la tierra, todas ellas poseedoras del más
alto desarrollo intelectual?
Por otra parte, ¿quién podría negar el valor real de
la ciencia y de la técnica, de las artes y las letras, y, en general,
de todas las manifestaciones del pensamiento, como fuentes de bienestar humano
o, por lo menos, como armas eficaces para conquistarlo? El ideal de la Ilustración
erró sólo por exceso de confianza en sus dogmas; por falta de
una crítica social clarividente, que previera la justa distribución
de bienes tan preciados; o, dicho de otro modo, por falta de visión
y de comprensión de los problemas fundamentales del progreso industrial.
La preocupación educativa de nuestros gobernantes era formar hombres
aptos para promover y disfrutar el progreso de la Nación y, en eso
estaban bien, pero sus deficiencias fueron otras, acaso inevitables, porque
la justa distribución de los bienes culturales no es ajena a la conquista
de otros objetivos del bien público.
Liberado el país de la inmensa tragedia en que se debatía, durante
la invasión francesa. el gobierno de la República se dispone
a afrontar las demandas educativas del pueblo; don Benito Juárez encomienda
a Barreda la organización de la Escuela Nacional Preparatoria; y, a
su ejemplo, se reorganizan, en todo el país, las instituciones de segunda
enseñanza. El plan educativo adquiere entonces, lo único que
quizá .le faltaba, una doctrina filosófica; Barreda había
conocido, en
París, las enseñanzas de Comte, y se había convertido
en un ardiente partidario del positivismo; pero este reformador no era un
intelectual puro, sino un hombre de acción que se proponía influir
en los destinos de la patria, implantando un nuevo sistema educativo, adecuado
para resolver los más graves problemas de la comunidad nacional. Don
Benito Juárez, con su habitual laconismo, decía al Congreso
de la Unión en 1870: "Próximamente se presentarán
varios proyectos de ley sobre algunos puntos relativos... a la Instrucción
Pública."
El l de abril de 1873, don Sebastián Lerdo de Tejada aseguraba: "Aunque
una ley vigente consignó el principio de la instrucción primaria
obligatoria, no han sido eficaces para este fin las reglas establecidas. Penetrado
el Ejecutivo con el objeto de hacer realmente práctica su aplicación,
si los poderes de la Unión sólo pueden hacerlo en el Distrito
Federal y en el territorio de Baja California, debería esperarse que
los estados siguieran ese ejemplo con laudable emulación. Grandes son
los bienes de la instrucción superior, para no omitir lo que pueda
extenderla; pero mayores e imponderables son los beneficios de generalizar
la instrucción primaria, base segura de la elevación del carácter
de los ciudadanos y de la grandeza nacional." Y al año siguiente,
el propio presidente Lerdo insistía: "Varios estados han adoptado
la idea de la iniciativa que el Ejecutivo dirigió al Congreso sobre
la Instrucción Pública obligatoria."
La tradición de Juárez y de Lerdo prevaleció en las administraciones
siguientes, en materia de educación obligatoria. En 1882, bajo la presidencia
del general Manuel González, el doctor Ildefonso Velasco, Presidente
del Consejo Superior de Salubridad, convoca un Congreso
Higiénico-Pedagógico, que había de llegar a ser famoso,
y en el que se estudian por primera vez, en forma deliberativa, los problemas
teóricos y prácticos de la educación nacional. Aquel
mismo año, Jules Ferry, Ministro de Instrucción Pública
en Francia, dio a su país una ley de Enseñanza Primaria en la
que se establecía la fórmula de la escuela liberal que había
de generalizarse en el mundo, esto es, la escuela laica, obligatoria y gratuita.
No dejó esta reforma de conmover la opinión pública de
nuestro país, ni de encender el celo reformista de la generación
de educadores que hicieron el Congreso Higiénico- Pedagógico,
de manera que, a partir de aquel año, laicismo legal y pedagogía
moderna fueron ideas inseparables.
En 1889-1890, durante el tercer periodo presidencial del general Díaz;
siendo ministro de Justicia e Instrucción Pública don Joaquín
Baranda, se reunieron dos congresos pedagógicos. De sus deliberaciones
salió una concepción más precisa del plan educativo nacional:
se adoptaron los principios de la reforma de Ferry; se recomendó la
elaboración de una nueva Ley de Instrucción Pública;
se fijaron a la educación primaria fines más altos, que la simple
transmisión de conocimientos elementales, asignándole, de acuerdo
con las ideas de Herberto Spencer, la formación intelectual, moral
y física del educando, esto es, la educación integral; asimismo,
se determinó la edad escolar, la extensión de los programas,
su gradación en cursos sucesivos; se diversificó la enseñanza
primaria para adultos, de la que se impartía a los niños; y
se entrevió la necesidad de crear un sistema de educación rural.
En 1891, la escuela laica alcanzó, en México, su confirmación
legal; la Ley Reglamentaria de la Enseñanza Obligatoria, expedida aquel
año, estableció expresamente las tres características:
laica, obligatoria y gratuita, que la opinión pedagógica más
autorizada de la época, consideraba la esencia del liberalismo escolar.
Aquel mismo año se graduaron los seis primeros maestros normalistas
de la escuela de México, fundada cuatro años antes. Se trataba
de una escuela normal nacida al calor de las ideas pedagógicas de 1882,
y de una juventud fuertemente influenciada por ellas. Recibía esta
generación el legado de 1889, al mismo tiempo que la primera generación
de la Escuela Normal de Jalapa.
En 1904, el general Díaz decía al Congreso: "Se han repartido
este año 1,053 bancas binarias y 13,176 libros." -A catorce años
de distancia del importante congreso pedagógico que hemos citado, los
servicios educativos del Distrito Federal y territorios acusaban una pobreza
lamentable. El doctor Puig compara estas cifras con las de 1925, 13,000 bancos
escolares y 94,432 volúmenes; pero ocurrido esto más de veinte
años después, la diferencia no resulta tan impresionante; sin
embargo, habrá que tener en cuenta que esto ocurría cuando el
proceso doloroso de la Revolución acababa de pasar por uno de sus episodios
más sangrientos. Volviendo a la administración porfiriana, en
1905, se dio uno de los pasos más trascendentales de la educación
pública en México, la creación de la Secretaría
de Instrucción Pública y Bellas Artes, a cuyo frente quedó
el ilustres don Justo Sierra.
A partir de esto, la instrucción primaria y la de todos los niveles
recibió un impulso cada vez mayor; las distintas disciplinas científicas
fueron establecidas o vigorizadas; y en el informe presidencial de
1908 aparece el dato, realmente satisfactorio, de que los servicios federales
de educación comprendían 583 escuelas con 64,000 alumnos. A
esta consideración estadística habrá que agregar otra,
de carácter pedagógico; por primera vez, en la historia de la
enseñanza en México, se daba a la educación, el papel
predominante que debe tener, y se reducía a la instrucción a
la categoría de medio para obtener la educación que se deseaba.
Como coronamiento de esta época, más bien como testamento educativo
de la administración porfiriana, se organizó y se llevó
a feliz término, el Congreso Nacional de Educación Primaria,
de 1910, realizado en los días del Centenario de la 1ndependencia.
Un mes después estallaba la Revolución; y apenas al concluir
el cuarto mes del año siguiente, se desplomaba la dictadura.
Un fervoroso anhelo de redención campesina anima a los hombres de la
Revolución: en lo económico, en lo político, en lo educativo,
todos tienen una actitud de servicio para la clase más desposeída
de México, que constituye la inmensa mayoría del pueblo. Unos
se conformarían con verla libre de la servidumbre y realizar el ideal
de redención legal, expresado ya en 1857; otros quieren ir más
allá, reivindicar para ella, el derecho a poseer la tierra que trabaja;
otros quieren más aún, quieren un régimen de salarios
altos y mejores formas de contratación; otros, en fin quieren su elevación
cultural y su mejoramiento técnico. En noble emulación, pasan
las diversas corrientes de la opinión revolucionaria, el corto periodo
gubernamental del Presidente Madero; y al caer éste trágicamente,
al embate de la reacción, la tempestad revolucionaria se desata.
La Constitución de 1917 dejó la dirección de la obra
educativa en manos de los gobiernos locales; considerándola como cosa
del régimen interior de los estados. Pronto se vio la incongruencia
que resultaba de la adopción del principio de una educación
de estado y la falta de una dirección centralizada de este ramo tan
importante de la administración pública. La creación
de la Secretaría de Educación. el 5 de septiembre de 1921, viene
a subsanar esta deficiencia del régimen revolucionario; y la designación
de don José Vasconcelos, da a la nueva secretaría un brillo
extraordinario. La primera preocupación del ministro es la desaparición
del analfabetismo; y su más noble objetivo es la redención de
los indios, por medio de la escuela. Se trataba, pues, de elevar los estratos
más pobres de la población nacional, a las condiciones de vida
de otras clases económicamente mejor dotadas, integrando así
una patria mexicana más igualitaria y más justa.
Pronto este fervor por los indios se hizo extensivo a todo el campesinado
del país.
Rápidamente, se fueron creando y desenvolviendo las instituciones educativas
adecuadas: las escuelas rurales, las misiones culturales, las escuelas normales
rurales; las escuelas centrales agrícolas, las escuelas regionales
campesinas, los internados indígenas, etc. Paralelamente crece en extensión
y mejora la calidad de la educación urbana, los servicios de educación
primaria y los de segunda enseñanza. Las escuelas normales y la Escuela
Normal Superior. También se desenvuelve
la enseñanza técnica; la Escuela Práctica de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas, la Escuela Nacional de Química Industrial.
La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
la Escuela de Comercio y Administración, la Escuela Superior de esta
misma especialidad; y, como coronamiento magnífico de esta corriente
educativa, el Instituto Politécnico Nacional. Al mismo tiempo se desarrolla
el sistema de Universidades e Institutos de Educación Superior, la
Universidad Nacional Autónoma, las universidades de los estados, unas
autónomas y otras dependientes de los gobiernos locales. Los viejos
institutos científicos y literarios, se convierten gradualmente en
universidades de cada entidad federativa.
Puede citarse entre lo más destacado de los siguientes regímenes
gubernamentales: la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, la creación
del Libro de Texto Gratuito, el Plan Nacional de Once Años, la Educación
para el Trabajo, etc.
Al iniciarse el periodo constitucional del señor Presidente Echeverría,
se consideró conveniente abrir una encuesta pública sobre los
problemas educativos de México; se hicieron encuestas entre los maestros
de diversos niveles, entre asociaciones de profesionales, empresas industriales
y asociaciones de toda índole; se llevaron a cabo veintidós
asambleas regionales, en las que participaron 25 mil personas: autoridades
de la Secretaría de Educación Pública, funcionarios estatales
y municipales, rectores y directores de universidades e institutos de educación
superior; y asimismo, representantes de la iniciativa privada. La política
educativa adoptada por el régimen es, pues, producto de las reflexiones
de mucha gente interesada en la educación pública; sus planteamientos
se fundan en la experiencia y toman en cuenta la opinión de muchas
personas; y asimismo, toman en cuenta las circunstancias actuales y una razonable
previsión del futuro próximo. Se apoya también en el
artículo tercero constitucional y en todos los preceptos relativos
contenidos en nuestra Carta Magna.
El propósito del Estado mexicano, al poner en marcha la reforma educativa
actual, es el mismo que lo ha conducido a modernizar otras instituciones políticas
y sociales: hacer más justa la vida nacional, mediante una mejor distribución
de los bienes materiales y culturales; y propiciar una mayor participación
ciudadana en la actividad política y social del país. Entendida
como un derecho y una aspiración, la educación debe beneficiar
a todos los habitantes del país, entendida como un proceso intencional,
debe contribuir al desarrollo de la capacidad crítica de los educandos,
a fin de permitirles percibir y aquilatar sus propias aptitudes, comprender
su papel en la vida colectiva: y entendida como un servicio público,
la educación se realiza a través del sistema educativo nacional,
para cumplir con los propósitos señalados por el C. Presidente
de la República: ampliar y reorientar permanentemente el sistema.
Prof. Luis Álvarez Barret
México a través de los Informes Presidenciales
"La Educación Pública"
Secretaría de la Presidencia, México 1976, Tomo 11